LOS RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TORNO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL COMO POLÍTICA SOBRE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ECUADOR, SU IMPACTO Y RELEVANCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

AUTOR: KATHERINE MATA ECHEVERRÍA

RESUMEN

Los principios, declaraciones y garantías que aseguran los derechos de la niñez y adolescencia a la salud, a la nutrición, educación, a vivir en un medio familiar, al bienestar social, constituyen el aspecto fundamental de la tan anhelada protección integral de los niños y adolescentes. Los intentos de la Administración Pública ante el reto de una sociedad colmada por cambios permanentes debido a una ventana que todos podemos ver, sin restricción, llamada internet, se convierten en desdeñables, al paso que las acciones llevadas a cabo por el Estado no se logran ajustar ante la realidad que vive la nueva sociedad global, dando como lamentable resultado una compunción generalizada en las familias ecuatorianas al ver a sus hijos en estado de absoluto ocio y algunos hasta consumiendo drogas a temprana edad. El presente informe, corresponde a un estudio científico, en el mismo se ha implementado un método hipotético deductivo, como estudio de campo, luego de un estudio exhaustivo de la historia y la doctrina correspondiente a la evolución de los derechos de la niñez y adolescencia y su protección integral aplicando un método descriptivo e histórico con la documentación y la normativa correspondiente. El estudio de campo se ha realizado en sectores extensos de la ciudad de Guayaquil en los que se llevaron a cabo diversas acciones con el objetivo de identificar los factores de riesgo que inciden en las situaciones de peligro que viven nuestra niñez y adolescencia.

PALABRAS CLAVE: principios, niñez, adolescencia, sociedad, riesgo.

INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de una situación concreta puede ser consecuencia directa de lo que se ha denominado marginación social, debido a defectos estructurales de la propia sociedad global. Las deficiencias estructurales producen una especie de embotamiento o una falta de sensibilidad para centrar la cuestión en sus exactos términos, pero aun cuando las soluciones no puedan conseguirse desde el ámbito estricto de la protección del Estado, es incuestionable que servirá para iniciar la correspondiente acción social con la cooperación de los organismos públicos correspondientes. La tarea se hace más difícil cuando nos encontramos en la plenitud de la globalización, aludiendo a a “sociedad global”, que es el producto mismo de la globalización, término que alude a la creciente interdependencia de la vida social en el mundo (IMF, 2000).

En la introducción a su libro Globalization Manfred sostiene que:

“La sociedad global trasciende las fronteras políticas de la comunidad internacional debido a los contactos directos personales y profesionales que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) les facilitan con alcance global a sus usuarios, pertenecientes potencialmente a todas las naciones del mundo. Su manifestación se ha visto acelerada tras el fin de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética en 1991 y el rápido desarrollo, comercialización y difusión a nivel global de las tecnologías de la información y comunicación desde entonces. Esta explosión de medios de información y comunicación ha impulsado una expansión de las actividades comerciales en número y magnitud debido a la rapidez y seguridad en las comunicaciones y transacciones de índole económica y financiera a nivel global. La red de internet constituye la red de intercambio de información y comunicaciones a través de computadoras que le da cohesión y promueven la expansión de la Sociedad Global.” (p.1).

Y es éste el reto que la Administración Pública debe enfrentar, en un mundo donde la tablet es más importante que un buen libro, donde la televisión es el lugar favorito antes que practicar un deporte, donde las redes sociales son la única forma de comunicación de la niñez. La evaluación de la situación o su estudio, exige una previa investigación para comprobar las circunstancias que la comportan, por ejemplo menores que viven prácticamente solos en donde no existe una supervisión de una adulto; la Administración Pública debe garantizar mediante políticas certeras la deserción de la situación de riesgo, muchas veces extrema, que viven la niñez y la adolescencia cuando muchos de ellos, ya culminado su bachiller, ni trabajan, ni estudian.

Guzmán (2005), refiere que la Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren.

Según el artículo 227 de la Constitución del Ecuador “la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. Por lo tanto es la Administración Pública la responsable de realizar los esfuerzos necesarios para la consecución de los planes que fundamenten una imprescindible política pública para la recuperación de la niñez y adolescencia, asegurándoles un futuro mejor.

De ahí que en el Ecuador, con base en este principio de responsabilidad de la Administración Pública, se ha planteado un Consejo Nacional para la Igualdad, una ley especial que norma lo establecido por la Constitución de la República y la Ley especial en torno a la niñez y adolescencia. Pero la realidad nos muestra un panorama diferente, pues estas leyes aun operando con supuesta eficacia dentro de un área restringida, son incapaces por sí mismos de satisfacer todas las necesidades de este grupo. La intervención tutelar del Estado, a través del organismo público especializado, debe entrar en juego cuando estas necesidades siguen insatisfechas con requerimientos mínimos socialmente establecidos, para alcanzar una eficaz protección integral de la niñez y adolescencia.

Ahora bien la actividad pública también se encuentra sometida a normas, lo que implica,
una autolimitación en su actividad, capaz de ser sancionada por un órgano del Estado con la anulación del acto o disposición, incluyendo su actividad material (Rojas, 2007, p. 51). Esto
es cuando la Administración pública no cumple su objetivo de proteger y ser el instrumento mediante el cual el Estado brinda una mejor garantía social. Existe un principio de autotutela-autoregulación, este principio denota la posibilidad que tiene el ciudadano de exigir al Estado la realización de los objetivos, motivación por la que la institución pública fue creada.

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